Han transcurrido treinta años desde que el Perú sustentara la ponencia ante la Conferencia de las Naciones Unidas, sobre desertificación, en Kenya – Nairobi, en el periodo del 29 de agosto al 09 de setiembre de 1977.En este lapso de tiempo han pasado por el gobierno seis presidentes, el Perú contaba con una población de 16´370,670 (1) habitantes y su situación política y económica no era de las mejores. Con el devenir del tiempo el Perú, hizo de esta plataforma insuperable caso omiso, dejando sus aspiraciones en solo promesas. No debemos menos preciar, sin embargo, que la desertificación fue y es un fenómeno que con el transcurso del tiempo ha devenido en un problema de primera magnitud para los agricultores y para la población en su conjunto.
Este fenómeno no solo localizado en la Región de la Costa, se presenta también en la zona de Selva Alta como en la zona andina. Su efectos golpean seriamente a las actividades agrícola y ganadera y a las poblaciones asentadas principalmente en la zona rural. Veamos más de cerca la problemática que en ese entonces se visualizaba y que hoy se ha agravado gracias a los despropósitos generados fundamentalmente por la introducción de nuevos cultivos.
Del conjunto de aspectos técnicos se destaca como recurso restrictivo para el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias y forestales, el recurso agua. Esto se traduce en el incremento de la oferta del recurso hídrico; este incremento en la oferta hídrica va acompañado de la construcción de infraestructura de captación y conducción de agua y el manejo de cuencas. Otro aspecto es la reducción de la demanda de agua por unidad de área.
Ayer como hoy, el excesivo consumo de agua es producto de la falta de difusión de las técnicas apropiadas para la operación y mantenimiento de la infraestructura hídrica y del buen manejo de los recursos agua y suelo.
En relación a los aspectos económicos y financieros se soslaya cada vez más el valor del recurso tierra ya que su explotación sigue siendo a corto plazo. No se privilegian los programas de preservación y conservación de suelos. Como dato tenemos que en 1976, de una programación de 960 millones de dólares para irrigación de nuevas tierras, solo el 0.3% se destinó a estudios de base para manejo de tierras; adicionalmente en dicho año no se conocía, como hasta el presente, los requerimientos de agua para los diferentes cultivos como tampoco se realizaban, como hoy tampoco, los estudios agrostológicos.
Otro de los aspectos totalmente descuidados, es el poco o nulo conocimiento del valor del agua por los usuarios del campo; ver la abundancia del agua utilizada en las pozas de arroz en la zona de Selva Alta, contra su total ausencia en otras áreas, tanto para el sembrío de arroz u otros cultivos, es sumamente preocupante. En 1977 ya se consideraba que el excesivo uso del agua era lo que contribuía a la desertificación. Por ejemplo de 757 mil hectáreas localizadas en los valles de la Costa, 255,230 hectáreas presentaban problemas de drenaje y salinidad en diversos grados.
Para tener una idea más precisa al respecto, las áreas afectadas con problemas de drenaje y salinidad hace treinta años era así: Sin Problemas 501,780 has. (66.5%), con Ligeros Problemas 102,360 has. (13.5%) y con Problemas Moderados a Fuertes 152,870 has. (2.5%).
También se confirmó que en la Sierra y Selva, de un total de 1´750,000 has. Cultivadas, el 70% de ellas tenían problemas de erosión, aunque no se contaba con información sobre el grado de afectación.
Ahora bien, dentro de la problemática de los aspectos políticos – administrativos, desde 1969 se consideraba a la Ley General de Aguas y sus aspectos más relievantes como un instrumento determinante en los planes de cultivos y riego, habiéndose soslayado el sistema planificado que instiuían los planes de cultivo y riego. Sin embargo esto por su ambivalencia y la inexistencia de una nueva Ley de Aguas, permiten que se mantenga un equilibrio paradójico en detrimento de los usuarios.
Lo cierto es que, hasta la fecha existen temporadas en que vuelve a escucharse sobre la nueva ley de aguas y sus bondades, obviándose la contradicción entre los artículos 58 y 66 (2) de la Constitución Política. Sin embargo el temor a este cambio de legislación proviene de los sectores que serían los más afectados, aquellos campesinos o agricultores que poseen en propiedad superficies de tierras que no superan la hectárea.
El Perú tiene un serio problema de super minifundio creado básicamente por la explosión demográfica sucedida en los últimos treinta años y por ende de utilización del recurso agua bajo diferentes modalidades y exigencias. No basta con un programa de titulación de tierras; el problema es de crecimiento poblacional y lotización del suelo, por un lado; y de absorción de fuerza laboral por diferentes actividades productivas, lo cual se traduce en diversificación de empleo y oportunidades de trabajo.
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Nota
(1) Para el año 2005 la población del Perú era de 27´219,264 habitantes.
(2) Articulo 58°.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.
Articulo 66°.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
