Oscar Muñiz Corro
La presente publicación fue
redactada tres días anteriores a que el presidente de la republica Ing. Martin
Vizcarra se dirigiera al país.
La economía como ciencia social va de la mano de la
jurisprudencia y la legislación. Este es el principio básico para que las
actividades productivas fortalezcan los esfuerzos de los grupos económicos que
intervienen en la formación de riqueza de un país, con el propósito de lograr
alcanzar el desarrollo económico que busca la población en su conjunto.
La jurisprudencia, entendida esta como un conjunto de
sentencias dictadas por los tribunales de justicia o las autoridades
gubernamentales, además de la legislación entendida como el conjunto de leyes
que regulan un Estado o una actividad económica-productiva, no se pueden
soslayar, no pueden estar al margen del quehacer cotidiano de los grupos
sociales.
No hay que ser ingenuos para pensar que los pillos, ladrones
o los malhechores de todo pelaje y toda condición
están siempre revoloteando, como abejas en un panal, buscando la oportunidad de dar su zarpazo en
el momento menos esperado, con ayuda o sin ella de los siempre incondicionales
de cuello y corbata.
En esas condiciones el quehacer productivo peruano paso a un
segundo plano, espantando a los inversionistas, profundizando aún más la informalidad,
así la economía peruana no tiene sentido de seguir su curso formal hasta que no
se erradique la delincuencia. Los interesados en hacer negocios desaparecen, lo
mismo aquellos con intenciones de contribuir con el crecimiento económico.
Frente a esta preocupante realidad solo
hay elogios para la economía peruana de parte del Banco Central de Reserva del Perú
y del Fondo Monetario Internacional.
El Perú conoce en carne propia lo que fueron las dictaduras,
donde vaya a saber Usted cuantos ladrones con uniforme militar o sin él se
enriquecieron. Nadie se atrevió a ponerles la mano hasta después del año 2000
en que la dictadura fujimontesinista dejo el poder. Hoy se nota alguna
diferencia, por más pequeña que sea, la cual estriba en que militares o civiles
son perseguidos por la justicia sin denuedo. Lo lamentable es que existen grupos
renuente al cambio.
Lo llamativo de esta situación es que faltara espacio
carcelario para tanto infractor, lo mismo que faltara un mayor número de agentes policiales, jueces y
fiscales que hagan cumplir la ley.
