Oscar Muñiz
El crecimiento económico es un dato que tiene sus
ambigüedades, diría que por su naturaleza es un tema opinable y discutible, pero
por esto no deja de ser importante.
Se entiende al
crecimiento económico como la evolución del producto bruto interno en un lapso
de tiempo determinado. El Banco Central de Reserva del Perú calculo que este
indicador para el 2015 sería de 4.8% (rectificado), y el Fondo Monetario
Internacional calculo un 4.1% (rectificado). BTG Pactual sostiene que el crecimiento será de 5.7%, la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) 5%, y FocusEconomics 4.5%.
Entre las razones que
se acreditan señalan la debilidad de las exportaciones y de la inversión
privada, el aporte negativo de los inventarios, la pérdida de fuerza del
consumo privado, y los problemas de implementación de la inversión pública.
A nivel latinoamericano según la CEPAL, Chile crecerá 3%,
Colombia 4.2%, México 3.2%, Panamá 7%, Bolivia 5.5%, Republica Dominicana y
Nicaragua 5% respectivamente cada uno.
El Perú con una población de 30 millones de habitantes
requiere de un crecimiento mínimo de 6%. Con este crecimiento puede albergar la
posibilidad de ofrecer bienestar a la población. Sin embargo existe una
exigencia sustancial para que el crecimiento económico en lugar de bajar sea constante
en el tiempo o como hoy se dice un crecimiento sostenible. Esto se encuentra en
función de ciertas variables como el número de habitantes, sus necesidades
(educación, salud, empleo, etc.), los requerimientos pensionarios, modernización, gasto militar,
entre muchos otros. La mayoría de las necesidades se podrían encarar
solucionando sus limitaciones realistamente cuando la productividad se
incremente, y para tal fin se necesita solucionar el problema educativo, el de
salud, con una formidable legislación que en lugar de socavar el futuro lo
aliente y estimule.
Este fue el caso de la ley del empleo juvenil para personas
entre los 18 y 24 años de edad, que al fin de cuentas tras ser aprobada por
todos los partidos políticos en diciembre-2014, fue derogada por los mismos legisladores
en una sesión convocada por el Presidente de la Republica al Congreso en una
legislatura extraordinaria que se realizo el 26 de enero de 2015.
Los consensos son necesarios en toda sociedad, mas es vital
en una economía como la peruana, la cual enfrenta una profunda ilegalidad
(informalidad) generando año tras año incapacidad de alcanzar bienestar,
debilitando las bases mismas de la legalidad (formalidad) y corroyendo la
seguridad social que al final de cuentas es lo que más se necesita. Pero no nos
equivoquemos, la desaprobación de la ley del trabajo juvenil adoleció de
consenso, y por lo tanto su rechazo, de la población que supuestamente se
beneficiaria de ella.
Actualmente más de
dos millones de jóvenes se encuentran trabajando precariamente, quiere
decir sin tener acceso a los beneficios de la seguridad social (bonificaciones,
vacaciones y el resto de beneficios sociales que un trabajador debe de tener).
Este panorama ya era grave a inicios de la década de 1990, cuando la estructura
salarial de los trabajadores era defectuosa, por decir lo menos; había ausencia
de sindicatos, lo cual permitió una limpieza total de los beneficios sociales,
el aumento de la precarización del salario, la desprotección laboral por parte
del Estado, en resumidas cuentas la instalación de la ley de la explotación, el
trabajo mal remunerado, cuando este se realizaba, y el desamparo total de los
trabajadores.
En estas condiciones el Perú actual no puede aspirar a
incrementar la productividad por el bajo nivel de capacitación de los
trabajadores, su nula o deficiente preparación técnica y profesional, y sin
duda alguna la conveniencia de los empleadores
con su nefasta política del “cholo barato”.
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