Han transcurrido seis meses desde que el presidente Ollanta
Humala Taso gobierna el Perú, en el marco del modelo económico que fuera
implantando desde hace 20 años. Durante el 2011 poco o nada ha sido corregido,
lo que permite suponer que el sacrosanto modelo no tendrá cambio alguno, ni
mucho menos un atisbo de justicia social.
Es cierto que el 2011 fue un año bi-partidario, por un lado
con Alan García Pérez saliendo del poder y por el otro lado un Ollanta Humala
Taso ingresando. Dos conglomerados políticos distintos, donde la confluencia ideológica
y partidaria formaron un delta turbulento y agitado. Basta observar el teje y
maneje de sus lideres, por un lado un Alan que “supo” mantener a raya a los
compañeros, y un Ollanta lidiando con sus camaradas. Después de todo, ambos
tenían un denominador común, gente corrupta en sus filas.
Los grandes “aciertos” se opacan con los cientos de
conflictos sociales; la gran mayoría de ellos relacionados con los recursos
naturales. En esta perspectiva el área rural del país queda, como hace cientos
de décadas, desamparada, las actividades económicas como la agricultura a su
suerte, lo mismo que las miles de familias.
Bajo este modelo no hay más problemas que resolver, salvo el
de las urbes. Que si es la tasa de empleo o el nivel de inversión o la crisis
mundial, todo es cuestión de privilegiar la economía urbana. Sin embargo el
campesino, el agricultor, ve reducida a cero su oportunidad. Cuidado con el
resurgimiento del descontento, mejor dicho con el terrorismo y el cultivo de la
hoja de coca, dos elementos que sirven como válvula de escape a los
desplazados.
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