Asesoria Economica Financiera y Medio Ambiente

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19 de enero de 2019

¿Colapsará Lima?



Oscar Muñiz Corro


Es sabido y conocido el desdén, por decir lo menos, con el que trabajan los funcionarios públicos y empresas privadas en el Perú. De esto la población tiene evidencias más que suficientes desde que el fujimontesinismo capturo el poder. Aquí algunos señalamientos.

La pantomima de la resquebrada salud del máximo líder del fujimorismo es solo una pantomima burda orquestada por sus acólitos. Es tal la prepotencia que sus más allegados se niegan a tratar con resignación el tema de encarcelamiento del expresidente.

En el Perú es una epidemia extendida la corrupción, solo por unos dólares más. El concepto de prevención se confunde con el concepto de ahorro, más aun en áreas de alta sensibilidad como la salud de la población y la seguridad. La otra metástasis socio-política son las pugnas entre el sector político más desacreditado (APRA, Fuerza Popular) y el actual ejecutivo, al que se suma la oligarquía decadente y atrasada en complicidad con el Congreso de la Republica, la Fiscalía de la Nación y en el Poder Judicial. Mientras tanto la población se encuentra indefensa, desprotegida y al garete.

El 13/01/2019 se produjo la ruptura de un recolector de aguas servidas en el distrito de San Juan de Lurigancho; la población quedo expuesta a la más terrible experiencia y perdida de todas sus pertenencias adquiridas con el esfuerzo de su trabajo realizado por años. Ver video

ANDINA/Eddy Ramos

La explicación de tal situación fue proporcionada por la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-Sedapal S.A. Según esta versión oficial este aniego fue resultado de la construcción del tren eléctrico; las empresas contratadas rediseñaron el tramo por donde pasa la nueva tubería del recolector de las aguas servidas. Sin embargo estas empresas hicieron un deficiente uso del material utilizado (tuberías, empalmes y demás). Según referencias técnicas, las tuberías que se usan en estos casos tienen una duración de hasta 80 años. Sin embargo las tuberías usadas solo duraron 5 años. Las consecuencias están a la vista.

Este caso es una muestra del nivel de improvisación, irresponsabilidad de las empresas Graña y Montero y Odebrecht, porque sabían que al gestionar sus compromisos, si algo salía mal emprenderían su retirada, dejando a los damnificados en el desamparo y a su buena suerte.

Es prematuro señalar a más responsables, aunque ya se cuenta con el listado de empresas y personas relacionadas con este caso. Actualmente los trabajos se encuentran en la primera etapa, la de extraer el agua servida empozada en las viviendas y la vía publica, limpieza del fango y residuos, fumigación. Suponemos que en las subsiguientes etapas se logre señalar a los responsables de semejante daño.

Aprovechamos para señalar el caso del cerro Tamboraque, otro potencial desastre que amenaza a la ciudad de Lima, centro poblado que alberga a más de diez millones de habitantes. Ver video

El problema radica en la acumulación de relaves mineros que se encuentran expuestos al deslizamiento potencial hacia el rio Rimac, cause que atraviesa Lima desde la cordillera central hacia la costa.

Este caso que viene de años atrás, por lo menos más de una década, la reseña el alcalde de Huarochirí de la siguiente manera “Son los residuos que vienen de los centros mineros, altamente contaminantes. Si viene un sismo de gran magnitud, los relaves caen al rio Rimac y esta agua es utilizada por SEDAPAL. Por eso es preocupante que esta empresa Coricancha no pueda trasladar este relave a otro lugar”.   

Lo inaudito es que el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima ordeno paralizar el retiro de 145,0000 m3 de relaves mineros  de la base del cerro Tamboraque, por medio de una medida cautelar a favor de  la empresa minera canadiense GREAT PANTNER CORICANCHA S.A.

Este juzgado ordeno al Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minas (OSINERGMIN) paralizar el traslado del relave (deposito 1 y 2 de Tamboraque), de acuerdo al Plan de Cierre de Minas, mientras que el Ministerio de Energía y Minas  resuelva la modificación del Plan de Cierre que solicito la compañía minera mencionada. Téngase presente que, OSINERGMIN impuso multas por un monto de 3.8 millones de soles y denuncio a los representantes de Great Panther Coricancha S.A. ante el Ministerio Publico. El retiro de los relaves se ordenó en el año 2010.

Como se observa y según el dicho peruano “el que puede, puede”, y justamente esto es lo que hace Great Panther Coricancha S.A. 

10 de octubre de 2017

Peru: EITI contra la corrupción


Oscar Muñiz Corro




Según la EITI, se estima que los países en desarrollo pierden un trillón de USD cada año como resultados de negocios corruptos e ilegales.

Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés, Extractive Industries Tranparency Initiative), es un acuerdo internacional entre gobiernos, empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Su fin es promover la transparencia y rendición de cuentas  de los pagos efectuados por las empresas de la actividad minera, el petróleo y el gas hacia los gobiernos y los ingresos que los gobiernos registran por dichos conceptos.

El Perú es el único país de América que integra la EITI, país que está obligado a cumplir con el esquema de trabajo de la EITI y, cuenta como soporte de la Comisión de Trabajo que la componen el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas por parte del Estado peruano; por parte de la sociedad civil el apoyo viene de Acción Solidaria para el Desarrollo, el Grupo Propuesta Ciudadana, el Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas; el Centro de Cultura Popular, por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad del Pacifico, y por el lado de las industrias extractivas se encuentran la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía , Southern Peru Copper Corporation, Compañía Minera Antamina y Repsol Exploración Peru sucursal del Peru.   

Se espera que todo no este perdido. Desde luego que la actual situación es reflejo de la realidad de la década 2006-2016, especialmente en lo que se refiere a la nula transparencia y al alto grado de corrupción, no solo en el Ministerio de Energía y Minas y en Petroperú, organismos ligados con los propósitos del EITI. No desdeñemos que la corrupción gubernamental y privada en Perú se convirtió en metástasis, desde los cimientos del organismo encargado de ejecutar justicia, hasta los niveles más domésticos de la sociedad peruana. E sumun de esta situación es el caso Lava Jato el cual involucra a la sociedad peruana en su conjunto y proporciona la evidencia del destino de los peruanos. Desde hace años, el Peru se encuentra de cara al más dramático tipo de corrupción después de lo acontecido en la guerra contra Chile, el caso del guano, el de la pesca o el caso fujimontesinista.


Al parecer todo indica que hasta el actual presidente del país se encuentra comprometido en el caso Lava Jato. Por esta razón su interés solapado en liberar al encarcelado ex presidente Fujimori, este último personaje siniestro que con su libertad demostraría que en el Perú la justicia no existe y que la ley no igual para todos.    

7 de noviembre de 2016

Los derechos en Cotabambas


Oscar Muñiz C.


Llega el momento en que todo explota, cuando la impotencia se apodera del espíritu de las personas, hasta del más manso. Ni se diga cuando se corroboran las injusticias o cuando se verifica que la impronta delincuencial y el abuso es la barita  mágica que abre y cierra las puertas.

Sin lugar a dudas, vivir entre rufianes, sean estos de cuello y corbata o no, es igual. La época colonial fue extinguida de esta parte del continente hace unos dos siglos, cuando el virreinato lo desaparecieron. Al parecer sus rezagos sigue entre nosotros, y esto lo podemos comprobar  aquel día en que la población de Cotabambas se indignó y decidió luchar por lo suyo.  

Martin Alberto Vizcarra Cornejo, primer vicepresidente de la república y ministro de transportes y comunicaciones, informo que el actual gobierno cobrara a laminera MMG Limited, un justiprecio no especificado. Esta empresa es la que viene gerenciando la mina Las Bambas.

¿Por qué esta decisión del gobierno?

Como dijimos en la anterior entrega sobre el caso Las Bambas, es debido a la construcción de una carretera en terrenos que legítimamente pertenecen a las comunidades campesinas de la zona.

El Señor Vizcarra, afirmo que habiéndose reunido con los representantes de las comunidades campesinas para dialogar con los representantes de la empresa MMG, no se llegó a ningún acuerdo con la empresa; esto no significa que la compañía deje de reponer las alteraciones causadas al construir una vía en terrenos de las comunidades. Sentencio diciendo “Corresponde  un pago y eso lo cobraremos a la mina, nosotros debemos lograr que esa vía este asfaltada”. Asimismo, se comprometió que en el lapso de 40 días presentará el plan de desarrollo integral para la provincia de Cotabambas-departamento de Apurimac.

Incumplimiento de la administración Humala (2011-2016)

El Ministerio de Salud, por razones que aún no están debidamente esclarecidas, incumplió su responsabilidad en la provincia de Cotabambas, al haber dejado inconclusa la elaboración de un plan multianual de inversiones, la suscripción de un convenio de inclusión del servicio de ambulancias en Haquira, Cotabambas y Challhuahuacho, el incumplimiento en desarrollar una estrategia de afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS), dejo de brindar asistencia técnica para la construcción de casas maternas, dejó sin efecto la instalación de 10 módulos de atención médica, y por último, dejo sin construir un hospital categoría II-1

En el sector Transportes el último ministro del gobierno anterior, sostiene que el actual gobierno será el encargado de consolidar los proyectos que permitan mejorar la conectividad en el área de influencia que tiene la mina Las Bambas. Estos proyectos son la conservación de la red vial nacional de Cotabambas en sus ejes Challhuahuacho-Mollepuquio y Challhuahuacho-Ayaviri. El otro proyecto es la construcción de 12 puentes en el distrito de Challhuahuacho.

En el área agrícola quedan pendientes obras de represamiento y proyectos de riego, teniéndose en cuenta que en Cotabambas y Challhuachuacho, solo el 9.4 % de la superficie es apta para la agricultura.

Si esto no fuera suficiente, en el sector vivienda, las cosas no son diferentes, pues 6,297 hab. (71 %) de la población de Cotabambas no cuenta con servicio de agua potable y 8,514 hab. (96 %) no tiene red de desagüe. Además, hasta la fecha no se han concretado 34 proyectos de agua y saneamiento en Challhuahuacho, Coyllurqui, Haquira, Mara y Tambopata.

Por último, en el sector social, la administración Humala, declaro prioritaria la implementación y ejecución del programa de desarrollo productivo Haku Wiñay, el cual beneficiaria a 2,500 hogares, aprobándose un presupuesto de S/ 1’800,000 (US$   ) y solamente destinó S/ 1’829,095 para un total de 9,887 usuarios (S/ 185 por usuario).

 Esta situación dejada por el anterior gobierno y la impronta empresarial en la mina Las Bambas, son las razones más que suficientes para entender el levantamiento ciudadano mas no la muerte de uno de ellos.


Al parecer, los resabios de otras épocas no se han superado.   

28 de octubre de 2016

El conflicto minero de nunca acabar


Oscar Muñiz C.


El proyecto minero Las Bambas nuevamente es el centro del conflicto. El 14/10/16 hubieron enfrentamientos entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y los pobladores de las comunidades campesinas de Choquecca, Allhua, Pumamarca y Quehuira, ubicadas en la provincia de Apurímac distrito de Challhuahuacho. Como resultado de este enfrentamiento falleció un comunero.

Al conocerse la noticia del enfrentamiento, el ministro del Interior sostuvo que la policía de la zona intervino sin la autorización del director de operaciones; además sostuvo que en el momento de la intervención policial se realizaba negociaciones entre los representantes de las comunidades y los empleados de la minera, con el propósito de obtener una compensación para los comuneros por el uso de la carretera de su propiedad.

Es importante señalar que los comuneros sostienen que los dueños de la carretera son ellos y no como dice el ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es una vía nacional y  por lo tanto es de libre uso y tránsito. Al parecer esto último seria falso o por lo menos sujeto a verificación judicial.

Lo cierto es que la carretera que usa la compañía minera MMG fue hecha por los comuneros de las comunidades campesinas antes mencionadas, que inconsultamente y sin su conocimiento, en el 2014 la municipalidad de la provincia de Cotabambas  solicito incorporarlas al sistema vial nacional, lo cual logro hacer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y como consecuencia dejo de reconocerse como propiedad de las comunidades campesinas, beneficiando directamente solo a la compañía minera MMG, pues sus vehículos que suman más de dos centenares son los únicos usuarios de la vía, y pueden sacar el recurso minero y trasladarlo hacia la planta de tratamiento sin pagar ningún peaje por el usufructuó vial. La Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad, sostiene que la vía se convirtió en parte del sistema nacional. MMG convine que es competencia del Estado para no seguir pagando compensación alguna a las comunidades campesinas por el uso de la carretera.

A estas alturas el Gobierno Regional de Apurímac  afirma que la carretera en disputa no es una vía nacional como se afirma sino que es de competencia del gobierno local (Municipalidad).

Este problema de falta de sinceramiento refleja claramente el intríngulis generado por conveniencia de la empresa MMG, donde el Estado peruano por su interés favorece a los inversionistas de MMG, yendo en contra de lo legítimo. Tal vez,  conociéndose de los niveles de corrupción gubernamental y del empresariado privado, este sea un caso más donde  la cuerda se rompe por el lado más débil.

Desde un punto de vista ambiental el proyecto minero Las Bambas, contemplaba la construcción de un mineroducto, el cual fue cancelado en una segunda fase de reformulación del proyecto. Este mineroducto era pate de  la propuesta de construcción de una planta de molibdeno muy cerca al proyecto Las Bambas en Antapaccay. Según la propia empresa, los cambios que hizo MMG al Estudio de Impacto Ambiental “no fueron importantes”, por lo cual no fue necesario el proceso de participación ciudadana (consulta a la ciudadanía), comunicándose el hecho a las municipalidades; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones oficio informes a las autoridades de Cotabambas y Grau, lo mismo que a las autoridades de los distritos de Challhuahuacho, Mara, Coyllurqui y Tambobamba, de lo acontecido.

Ahora veamos la preocupación de algunos. Según la Sociedad  de Comercio Exterior del Perú (ComexPeru) se paralizarían US$ 10,000 millones; además sostuvo que  al Perú le costó 13.4 % de crecimiento acumulado más 791,000 empleos y unos US$ 4,220 millones de recaudación tributaria. Otro de los preocupados es el Instituto  Peruano  de Economía (IPE), el cual sostiene que en el periodo 2011-2014 se retrasaron las inversiones por un valor de US$ 21,500 millones. Si a esta cifra se le agrega el efecto empleo más el costo de oportunidad total, el monto alcanzaría a US$ 62,500 millones, equivalente al 43 %  del PBI del 2015.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entidad profesionalmente solvente y muy refutada, no solo a nivel nacional, estima que el departamento de Apurímac  donde se ubica el proyecto minero Las Bambas, en el 2016 crecerá 266 %, triplicando su PBI debido a la expansión minera en base a la explotación del cobre, como lo hace el proyecto Las Bambas. Es que la actividad minera en la región Apurímac pasaría del 10.4 % en el 2015 al 63 % en el 2016. Curiosa afirmación cuando hasta la fecha el asentamiento minero Las Bambas se encuentra paralizado y los comuneros siguen defendiendo su buen parecer.

No solo la población de las comunidades campesinas protestan por la mutilación de sus derechos, también lo hacen porque la empresa MMG con el propósito de ahorrar costos dejo de pavimentar la carretera, siendo utilizada sin ser asfaltada, donde el polvo que se origina por el transito diario de los camiones de la empresa MMG es el primer factor de contaminación para la población en general y particularmente para niños, ancianos y mujeres. Esta contaminación también afecta directamente a las áreas agrícolas de las comunidades y al ganado de la zona.

Si estas razones no son suficientes para de una vez por todas zanjar responsabilidades, los representantes de la empresa minera chino australiana MMG optan por representar el fácil accionar de víctimas, mientras que el Estado peruano representado por las autoridades del gobierno central, regional y municipal, gestan un arbitraje burdo y conocido.

¿Sera posible que por interés comercial, entre Perú y China, se trate de evitar un mal momento ad portas de la inauguración del APEC y la firma fitosanitaria del acuerdo del envío de arándanos al mercado chino? ¿O tal vez es el interés del gobierno peruano en ampliar el número de turistas chinos al Perú? ¿O es la inauguración de los vuelos China y Perú, lo que impide actuar con la ley en la mano?


 Tal es el poder del dinero, que tanto lo aprendido como lo prometido no se refleja a la hora de poner orden y hacer justicia. Así transcurre la vida en Perú, desgracias para los desposeídos y más desgracias.

16 de septiembre de 2016

El futuro del Complejo Metalúrgico de La Oroya y de Doe Run



Oscar Muñiz C.



Doe Run Perú, pide dos años más para vender el complejo metalúrgico actualmente en propiedad de esta compañía, ubicada en La Oroya, departamento de Pasco, en el centro del país.
Se tendría que esperar hasta el 2019 para su venta, tiempo prorrogado por la autoridad peruana para solucionar el problema social generado. Al respecto como ejemplo se pone la mala experiencia de Anglo American, entidad que quiso obtener unos US$ 15,000 millones pero solo obtuvo US$ 5,000 millones, vendiendo activos de la fundición Hernán Videla Lira (HVL), antes llamada Paipote ubicada en la localidad de Paipote, Región de Atacama, a 8 km de la ciudad de Copiapó.
La problemática ambiental y social de la zona donde se ubica la empresa de cobre H V L, es muy similar a la localidad donde se ubica el Complejo Metalúrgico La Oroya. En el caso de la fundición Videla Lira se necesitaron más US$ 700 millones para desarrollar la captura del 99 % del dióxido de azufre (SO2). Lo dicho es aplicable al caso La Oroya pues su “spread ambiental” es muy similar al del caso chileno.
La tecnología utilizada en la mencionada fundición chilena es similar a  la utilizada en La Oroya, la cual es catalogada como una tecnología atrasada, si se le compara con los estándares mundiales utilizados en otros países.  Hoy más que nunca debido a las exigencias impuestas por  los compromisos ambientales contra el calentamiento global y el cambio climático, el cuidado es más que exigente, además teniendo en cuenta que La Oroya está catalogada como el lugar con mayor contaminación ambiental en el mundo.
 Actualmente se insiste en aumentar el límite de emisiones. En La Oroya, la captura de SO2 es de 83 %, sin embargo existen otras empresas en el mismo Perú que capturan por encima de ese porcentaje, y en el mundo se exige que la captura sea del 99 %.
El dióxido de azufre (SO2) capturado se transforma en ácido sulfúrico, producto que contamino y contamina toda vida conocida en  La Oroya (lluvia acida). El ácido sulfúrico producido en la fundición seria transportado hacia un puerto y ser comercializado en el exterior. Téngase en cuenta que el ácido sulfúrico es utilizado para el procesamiento de fosfatos y lixiviación de minerales de cobre. Esta sería una alternativa viable de utilización, ya que en el Perú los fosfatos se extraen del desierto de Sechura ubicado en el departamento de Piura, al norte del país. Otra alternativa de solución podría ser su utilización en el proyecto minero Tía María, el cual posee una zona de óxidos o trasladando a la fundición de Ilo, ubicada en el suroeste de Perú en el departamento de Moquegua, zona considerada la mayor obra medioambiental en el Perú
Entre Perú y Chile producen el 43 % de cobre a nivel mundial, pero solo producen 12% de cobre fundido del mundo. Ambos países tienen un retraso tecnológico, al igual  que varios de sus yacimientos de cobre que contienen gran porcentaje de arsénico, elemento que aumenta los problemas metalúrgicos y encarecen su producción.
Frente a esta problemática socio-ambiental, existe otra alternativa, por ejemplo el cierre definitivo del complejo metalúrgico de La Oroya, y el abandono de la ciudad de La Oroya, lo cual es inviable.
Solo queda esperar que la empresa liquidadora del Complejo Metalúrgico de La Oroya demuestre que es posible que en los próximos dos años se presente un operador (inversionista) que modernice el complejo y puedan reiniciar sus labores, y que los miles de trabajadores que hasta la fecha han sido cesados por la compañía Doe Run Perú vuelvan al trabajo. En cuanto al destino de Doe Run Perú nos imaginamos que fugara del Perú.   

Algunas de nuestras publicaciones sobre el caso La Oroya-Doe Run Perú:
1.      O4 junio 2010 Una situación inaceptable: El caso Doe Run
2.      29 mayo 2006 Piden a Doe Run y Gobierno alcanzar acuerdos concretos
3.      24 octubre 2006 Perfil ambiental de la Región Junin-Peru Otra vez La Oroya
4.      02 abril 2011 Doe Run o el perro del hortelano
5.      13 junio 2014 Doe Run, después de tres años de conflictos
6.      17 mayo 2011 ¿Quiere saber en qué termino el caso Doe Run Perú?
7.      18 mayo 2011 Segundo acto: Doe Run Perú, el circulo vicioso