Oscar Muñiz
La desaceleración del crecimiento económico se centra en la caída
de las inversiones, de la construcción y de la minería. En el IT2014, la economía
solo creció 4.8%, muy por debajo de lo que estimó para ese mismo período el Ministerio
de Economía y Finanzas (5.5%). El
inocultable 74.3% de trabajadores que cuentan con un puesto informal de
trabajo, en su mayoría gestionado y amparado por su propio esfuerzo es, por
decir lo menos, absurdo en una economía supuestamente ejemplar.
En este mar de cosas las regiones más castigadas con estos problemas
son Apurimac, Puno, Huancavelica, Cajamarca y Ayacucho, especialmente en el
sector agrícola. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI,
existen 6.9 millones de unidades productivas en el sector informal, versus un millón
de unidades productivas formales, las cuales se encuentran relacionadas con el
sector agropecuario y pesca.
No solo estas son las razones para que el ejecutivo gubernamental
procediera a diseminar la posibilidad de promulgar un paquete de medidas, el
cual será enviado al Congreso de la Republica para su aprobación en la presente
legislatura, la cual culmina la última semana de junio. Sin embargo la falta de
espacio en la agenda del Congreso hace que esta aspiración no se concretice.
Otras agrupaciones interesadas en este tema como la Cámara
de Comercio de Lima – CCL, exigen que se tome muy en cuenta la eliminación de
las trabas burocráticas y de los sobre costos laborales y tributarios que
actualmente se encuentran vigentes. Proponen eliminar la Ley de Seguridad
Laboral, como también realizar cambios al sistema tributario y laboral. Se plantea
la derogación del arbitraje laboral, manteniendo la inafeccion de las
gratificaciones de los trabajadores y continuar con los contratos laborales de exportación
y del régimen laboral agrario, eso sí, mejorando las normas sobre explotación de
servicios, estableciendo compensaciones automáticas de adeudos con créditos del
contribuyente y suspender los intereses moratorios por apelaciones en el
Tribunal Fiscal. Este último fue recibido con entusiasmo y algarabía por la mayoría
de los infractores.
Según algunos trascendidos, se crearía una dependencia al
estilo de la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS, con la finalidad de
fiscalizar e intervenir en los gobiernos regionales cuando estos presenten problemas
no solo de corrupción, como en los casos de Ancash, Amazonas, Cajamarca,
Tumbes, Pasco, y una docena más de regiones.
En este ambiente de cambios, contramarchas y desvelamientos,
el actual primer ministro sostuvo que en los diez últimos años (2003-2013) se
lavaron activos por un monto de US$ 10 mil millones, especialmente en las
actividades de la minería ilegal, el narcotráfico, la evasión de impuestos y en
la corrupción estatal. Tuvieron que pasar tres gobiernos –el de Alejandro
Toledo Manrique, el de Alan García Pérez y el de Ollanta Humala Tazzo- para que
el asunto salga a la luz. Lo increíble es que ninguna autoridad de esos tres
gobiernos se dieron cuenta de semejante fechoría, cuando hasta el más iletrado
de los peruanos conocía lo que sucedía.
No se trata de un asunto notoriamente económico, se trata de
un problema ético, donde desde los más visibles exponentes del pensamiento mercantilista,
hasta los maniqueos, cosecharon las simientes del equívoco generacional, sumergiendo
a los incautos en las tinieblas del mal, de la corrupción, del latrocinio, y
del crimen, en lugar de salvarlos de ellos. Ahora estos mismos personajes que
apañaron las faltas, proceden hacer cambios mediante decretos, lo que es poner
al gato de despensero.
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