Por Oscar Muñiz
En
1964 Brasil tuvo 100 % de inflación.
En
1965-1966 el gobierno militar de la época redujo la tasa de inflación por
debajo del 40 %, con un programa de estabilización basado en el control de los
salarios, impuesto con medidas autoritarias, como no podía ser de otra manera,
y con un control selectivo de los precios. En 1967 la inflación se ubico por
debajo del 20 % y hasta 1973 se estabilizo alrededor de esa cifra.
En
1973 el aumento del costo del petróleo incremento la inflación hasta un 40 %,
situación que duro hasta 1978. El segundo impacto petrolero de 1979 fue
acompañado con un 30 % de devaluación del cruzeiro (moneda oficial de la época)
frente al dólar, impulsando la inflación entre 1979-1980 hasta el 100 %. Frente
a esta situación el gobierno impuso medidas de austeridad, dicto un paquete de
medidas fiscales lo que significo recortes en todos los programas de inversión pública.
Se impusieron límites a los créditos por debajo de la tasa de inflación, la
tasa de interés preferencial subió hasta el 30 % anual y la del crédito a los
consumidores y de préstamos marginales se incrementó abruptamente.
Fue
así que la reducción del déficit afecto considerablemente la actividad
económica. La producción industrial 1968-1980 que era del 7 %, disminuyo en 1981; se incremento el
desempleo y la inflación que era 110 % en 1980 paso al siguiente año 1981 a 100
%.
La
crisis internacional de la época, la moratoria de México en 1982, dejo en
Brasil una crisis de liquidez. Al instante intervino el FMI con el objeto de
presionar a que se realizase el pago de la deuda en los dos siguientes años y
esperar a que desaparezcan los problemas. En 1983 se devaluó la moneda en 30 %
pero la inflación alcanzo una tasa de 210 %, por más que se implementaron
shocks en la oferta, la inflación siguió su curso ascendente.
Frente
a esta nueva situación el FMI acepto definir y medir el déficit real del sector
público, con el propósito de que sirviese como dato para el programa de
estabilización por elaborar. El déficit real del sector publico en 1982 era del
8 % del PBI y en 1983 fue de 3.5 % del PBI. En 1982 la balanza comercial arrojo
un déficit de US$ 3.5 billones y, en 1983 el superávit fue de US$ 6 billones,
llegando en 1984 a US$ 12.5 billones. Sin embargo a finales de 1984 la
inflación totalizo 230 %.
Al
día de hoy, después de haber transcurrido más de treinta años y de haberse
producido la protesta de millones de brasileños, la crisis actual no es por los
motivos que generaron las crisis de las décadas 1960-1980. No. Es debido al mal
uso de la riqueza del país. En 1992 salió a la luz publica el bochornoso
escándalo protagonizado por el ex presidente Fernando Collor de Mello acusado
de ladrón y, en la década pasada los gritos de corrupción abrazaron al gobierno
de Lula. Hoy finalizando el mandato de la presidenta Dilma Rousseff, todo
Brasil se estremece con la gota que rebalsó el vaso, nada menos que por el
aumento del pasaje público.
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| Dilma Rousseff |
En
los doce últimos meses entre los años 2012-2013, los precios de los alimentos
subieron 12 % y los servicios 8 %. La inflación alcanzo la cifra de 5.91 %,
aunque el gobierno se comprometió a tener una inflación de 4.5 %. La carga
tributaria es de 38 % del PBI, y sin embargo los servicios básicos de salud,
educación, transporte público son de baja calidad o simplemente no existen.
Para
facilitar el acceso masivo a los bienes de consumo y estimular la economía, el
gobierno de Dilma Rousseff propuso una política de bajos intereses, crédito
fácil y compras a largo plazo. Sin embargo el endeudamiento de los hogares a
mayo 2013 fue de 64.3 % y en abril 2013 fue de 62.9 %, habiendo sido en mayo
2012 de 55.9 %. Este tipo de políticas económicas castigaron duramente a los
que menos tienen.
Sin
duda, lo que aflige a los brasileños pobres como a los de la clase media es el
derroche de la riqueza en inversiones que no tienen nada que ver con el nivel
de vida de la población, como es la inversión en salud y educación. Es
suficiente haber sido testigos que en los últimos meses las fuerzas del orden
han “barrido” las calles de Rio de la gente menos favorecidas, pretendiendo
presentar un Brasil pujante, siempre alegre y dispuestos en compartir su
“felicidad” con el resto del mundo.
El
gobierno viéndose presionado por las protestas de los ciudadanos, con la muerte
de dos personas y la destrucción de los bienes públicos y privados, la
presidenta Dilma Rousseff, se compromete a cumplir con garantizar la
estabilidad económica y el control de la inflación, a invertir el 100 % de las
regalías petroleras de Brasil en educación, a la contratación de médicos
extranjeros para prestar servicios médicos en zonas remotas y subdesarrolladas,
en el establecimiento de una Asamblea Constituyente para modificar
eventualmente la Constitución brasileña para asegurar las reformas y para
invertir más de 25 mil millones de Reales (16 mil millones de euros) para nueva
inversiones en proyectos de movilidad urbana y mejoramiento del transporte público.
Como
vemos, los problemas de la actual coyuntura son originados por la desorbitada ambición del gran capital y de los especuladores por
obtener las mayores ganancias en el menor tiempo posible, a costa del bienestar
de los ciudadanos; también no queda la menor duda sobre los grandes negociados
con el pretexto de ofrecer las mejores condiciones para las competencias
futbolísticas del 2013 y 2014. No se puede dejar de mencionar el tremendo
atentado contra los derechos de los nativos amazónicos y el favoritismo por los
madereros clandestinos de la Amazonia.
Tanto
la crisis brasileña de las décadas de los 60 a los 80 difieren en esencia de la
crisis 2013, porque la primera fue en búsqueda de la democracia y libertad,
mientras que la segunda es por reivindicar los derechos por una vida mejor y
libre de corrupción.
