La criminalidad ha llegado a niveles jamás imaginados en América Latina. Siempre castigada por políticas económicas nefastas que hicieron de ella su laboratorio y a sus habitantes sus conejillos de indias.En las dos últimas semanas México y Brasil se enfrentaron decididamente a un enemigo común: el narcotráfico. En Argentina, Bolivia y Chile allanaron refugios donde se almacenaban toneladas de cocaína. También fueron propaladas por la TV imágenes de Bogota en donde se observa la miseria humana producto del consumo de drogas o desechos de la fabricación de ella.
Lamentable escenario para sociedades que no se merecen semejante destino. Lamentable que la fuerza acumulada por grupos de narcotraficantes haya llevado al precipicio a más de 400 millones de habitantes, de los cuales miles son desbarrancadas día a día en ese precipicio de la dependencia, que la delincuencia de todo color y linaje incentiva, compromete y desafía. Según el Indice de Percepción de la Corrupción, Chile obtuvo una puntuación de 7.4, seguido de Perú con 4.4. En el promedio regional Brasil 3.9, Argentina 3.5, México 3.3, Colombia 3.2, Bolivia 2.7, Venezuela 2.7 y Ecuador 2.6.
El Banco Mundial define a la corrupción como “el abuso del poder publico para la obtención de un beneficio privado”. Entendemos esta definición pero poco nos dice de cómo se incorpora y se desarrolla en el poder publico. El Instituto APOYO describe y señala algunos temas como es el soborno, la apropiación de fondos publicos, el fraude, la extorsión y el favoritismo. También señala como factores que alientan la corrupción al factor costo/beneficio, cuando no menos la maximización de los beneficios frente a los delitos de corrupción, concluyendo que “la lucha anticorrupción no debe consistir tan solo en la penalización de los corruptos, sino también en la reducción drástica de los beneficios potenciales de la corrupción”, todo esto en consonancia con la experiencia vivida en el Perú.
El aparato de corrupción de Alberto Fujimori (1990-2000) operaba mediante el asesor del Presidente de la Republica en temas de seguridad e inteligencia; la extracción de dinero por medio de adquisiciones de armas que fueron autorizadas por el Presidente de la Republica utilizando los Decretos de Urgencia, su ligazón con asociaciones de bandas de narcotraficantes, el chantaje a narcotraficantes y el chantaje tributario. Los jefes de la corrupción utilizaban como mecanismo de su influencia la solución de problemas personales, familiares y de las empresas, mediante el chantaje. Para su logro se aseguró de una mayoría oficialista, el apoyo de congresistas sobornados con dinero. Crearon un sistema de corrupción en el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, medios de comunicación, la Contraloría General de la Republica, Aduanas (terrestre, aérea, marítima, fluvial) e increíblemente hasta los estudios de abogados y la Superintendencia de Banca y Seguros.
Los contratos que realizaron las empresas Treves Intora y W-21 Intertechnique; el grupo Tzudi, James Stone e Ilan Weil Levy; y el grupo vinculado a las corporaciones chinas llegó a US$ 846’570,000. Entre 1995 y 2000 los Decretos de Urgencia que fueran promulgados a nombre de algunas instituciones como las FF.AA., el Ministerio de Defensa, Ejercito, Fuerza Aérea y Banco de la Nación totalizo US$ 1,441’078,083. Los beneficiados entre otros fueron Alberto Venero, Trinidad Becerra, Juan Valdivia, Victor Malca, Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa, Victor Joy Way, los cuales obtuvieron beneficios por US$ 225’541,027*, montos que fueran depositados en la banca de los EE.UU., Gran Caimán, México, Perú y Suiza.
Varios de los arriba nombrados se encuentran en prisión y el principal responsable Alberto Fujimori se encuentra en Santiago de Chile, bajo proceso de extradición. Las versiones de los entendidos sugieren que tal vez después de julio del 2007 se sabrá su destino, Lima o Tokio. Lo cierto es que hasta el presente el prófugo Alberto Fujimori vive a cuerpo de rey en el país del sur de Sudamérica y lo que las grandes mayorías vaticinan es que su retorno al Perú es improbable.
* Montos que fueron bloqueados en el año 2000.
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