Es así como gesto de reivindicación, a finales de la década de los 60s del siglo xx, se tuvo una alternativa, la expropiación de la Cerro de Pasco Copper Corporation, paliativo que llenó de nacionalismo manteniendo viva la ignominia de la explotación del trabajo asalariado y del libérrimo accionar político de los hombres encargados de poner coto a semejante situación. En este enclave minero en el corazón del Perú operó Centromin, compañía minera estatal que surgió al desaparecer la Cerro de Pasco Copper Corporation, la cual agregó una injusticia más, haber dejado impagos en sus indemnizaciones a cientos de trabajadores, cuando más de 15 mil de ellos fueron absorbidos por Centromin.
No cabe duda que la CPCC tuvo gran importancia en la economía regional y nacional. Cuando termina el gobierno militar en 1980, Centromin continuó manteniendo su importancia económica, hasta que a finales de la década la empresa hizo frente a problemas por falta de repuestos e insumos, sumando pérdidas hasta por US$ 100 millones, situación que se prolongó hasta la primera parte del gobierno fujimontesinista (1990-2000).
Según Pedro Francke, economista y profesor universitario, esta situación fue generada por “la política económica que retrazó el tipo de cambio y multiplicó los precios de los combustibles y tarifas eléctricas”. Por esta razón Centromin era ineficiente y como resultado las pérdidas nuevamente se hicieron presentes. Ante esta situación la alternativa gubernamental optó por el cierre de las minas y fraccionó Centromin.
En este ambiente donde quedaba demostrado que el Estado no era buen administrador y que la empresa era deficitaria, los costos sociales fueron el lastre; por tal razón se redujeron salarios, recortaron beneficios (salud, educación, etc.) aunque como sostiene Pedro Francke estos representaban 1/5 del total de los costos totales. En este contexto de inestabilidad empresarial se fue incrementando la pobreza y acentuándose la miseria y la debilidad social. Se podría graficar numéricamente la situación de Centromin-1991 con los impuestos pagados, en 1987 fueron unos US$ 31 millones y en el I Semestre 1991 fueron unos US$ 35 millones, cuando en el año 1985 alcanzaba la cifra de US$ 75 millones.
Entre los años 1974-1985 Centromin tenía como índice de crecimiento un 5.8% anual, sin embargo sus problemas se ahondaban y generaba otros, con los proyectos no rentables. Por aquel entonces el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) auspició la explotación de la mina Andaychagua por un monto de US$ 92 millones, sin embargo tiempo después la mina fue clausurada. Lo mismo sucedió con Cobriza la cual necesitó de un financiamiento del mismo banco por un monto de US$ 232 millones, pero al final los resultados no fueron los esperados. En todos los proyectos se invirtieron por lo menos US$ 683 millones que en su mayoría no fueron rentables, mientras que la inversión en exploración prácticamente desapareció de las prioridades de los planes gubernamentales.
Resumiendo. Para el periodo 1971-1975 el gobierno de la época trazó tres objetivos, lograr una contribución más directa e importante de la minería al desarrollo nacional; ejerciendo un efectivo poder de decisión nacional en el Sector y sustentar las bases para el futuro desarrollo de la industria minera. Esto se suponía permitiría inversiones del orden de los US$ 1,692 millones, aunque en las prioridades no se encontraban ni Andaychagua ni Cobriza, pero si Cerro Verde-1ª. Etapa (Arequipa), Michiquillay (Cajamarca), Antamina (Ancash), Las Bambas (Apurimac), Morococha, Tintaya (Cusco), Bayovar (Piura), Quellaveco (Tacna), Cuajote (Moquegua) y Madrigal.
Para el periodo 1980-1990 los principales proyectos mineros que fueron contemplados prioritarios sumaban 16, entre los que figuraba el proyecto Cobriza con un total de inversión de US$ 184 millones; además de los proyectos mineros priorizados entre 1971-1975 se incluyeron para 1980-1990 Tambo Grande, Alto Chicaza, Toromocho, Cobriza, San Antonio de P., Berenguela, Toquepala y la Refinaría de Ilo; también se incluyó Cuajote, Morococha y Madrigal.
Gran parte de las inversiones eran financiadas con dineros del Estado (contribuyentes) más nunca con capitales de las propias empresas. Es así que se dió el caso que Centromin transfirió US$ 38 millones al Proyecto Tintaya localizado en el departamento de Cusco.
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