En anteriores entregas hemos hecho público un problema generado por los constructores de edificios en Lima. Si bien es cierto que se reconoce el derecho de los interesados, deberían tener las mismas oportunidades cada uno de los involucrados en este asunto.
Se reconoce que la economía del Perú tiene una mejoría sustantiva, no en vano ocupa el 6to. lugar entre los países del continente. Sin embargo esta situación no es excusa para hacer pabilo de las normas y leyes tanto municipales como nacionales.
De esto el responsable es el presidente Alan García Pérez, por instigar a los constructores a cometer despropósitos, abusos y muchas veces actos delictivos. En segundo lugar, también son responsables los alcaldes distritales, su responsabilidad es evidente, pues mantienen ambigüedades en las normas legales (ordenanzas) que aprueban, son defectuosas y con vacíos, lo cual contribuye a la acentuación de las inmoralidades, estropicios, actos delictivos y de corrupción.
Los constructores, los dueños de terrenos y dueños de los departamentos se integran alrededor de los intereses crematísticos (minimizar costos) en la construcción del edificio a costa del incumplimiento de las normas ambientales, seguridad y respecto al vecino.
El caso de la municipalidad de Santiago de Surco es un ejemplo claro de esta deplorable situación. El actual alcalde, Juan Manuel del Mar Estremadoiro, es responsable del incumplimiento de las ordenanzas municipales. Cuando se autoriza al dueño del terreno la demolición y/o construcción de un edificio, esta autorización obedece a la aprobación de planos y demás herramientas técnicas para el inicio de la obra; inclusive interviene el Colegio de Arquitectos con sus representantes, los que en conjunto con los técnicos de Cada vez que un vecino es afectado por el responsable de la construcción, presenta una queja, esta es recepcionada en mesa de partes de la municipalidad y derivada al que se encargará de resolver el diferendo. No obstante la normativa vigente un trámite que debería demorar 72 horas se prolonga por meses, siempre y cuando el denunciante haga seguimiento, invirtiendo tiempo, dinero y soportando el maltrato de los empleados del municipio.
Cuando la denuncia llega a la Subgerencia de Fiscalización a podido pasar meses y muchas veces sin resolverse el problema. Por ejemplo, en caso de una imposición de multas, Fiscalización realiza la confirmación de la denuncia y aún así, habiendo impuesto la multa, no la hace efectiva pues el encargado tiene acciones discrecionales sobre el pago de la multa y la elaboración de la resolución, la cual está sujeta a un procedimiento (conocimiento del infractor-descargo-sentencia) generándose de esta manera los espacios para las acciones de corrupción. Finalmente, una denuncia que puede resolverse en 6 meses se resuelve en más de 24 meses. No existe seguimiento de las acciones de construcción del edificio, no hacen control de calidad de la obra, no hacen cumplir la ley municipal de construcción, incurren en actos de corrupción tanto los técnicos como las autoridades municipales, perjudicando al vecino con la destrucción de su vivienda, daños ambientales, daños contra la salud y la vida, daños contra la salubridad y todo lo que una construcción nueva genera en espacios urbanos diseñados con 40, 50 años y más de antigüedad.
El distrito de Santiago de Surco, área de hermosura tradicional, con zonas rurales (actividad vinícola-agropecuaria) en los últimos 60 años a pasado ha ser un distrito totalmente urbano, con zonas tugurizadas con apariencia moderna como el Centro Comercial Higuereta, área de bares, centros nocturnos (prostitución, delincuencia y lacras sociales). No obstante el actual alcalde, Juan Manuel del Mar Estremadoiro, poco o nada ha hecho por revertir esta situación; en su gobierno contó con gente corrupta y lejos de cumplir con su obligación fue parte de actos como el descrito.
Con el propósito de ampliar este tema ver:
Blog, Salvemos a Surco http://salvemossantiagodesurco.blogspot.com/
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