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Oscar Muñiz
El caso de la mina CONGA, tiene tantas aristas como arboles tiene un bosque. Que quiere decir esta aseveración. Quiere decir que desde cualquier ángulo que se le mire proporciona una representación mental, sea esta representación científica o no. ¡Pero claro! Este caso concentra en la memoria muchos otros casos, como también una época en donde los recursos naturales, los intereses nacionales o locales significaban nada. Ponerse a enumerar en una lista todos los casos en que el Perú, utilizándolo como síntesis de experiencias, ya sea como grupo humano, como Estado, como Nación, nuestro esfuerzo seria abrumador, seria realizar un esfuerzo muy grande para preservar la calma frente a tanta desgracia, ignominia o al final de cuentas responsabilizar a la simple mala suerte.
Sin duda que la historia no oficial avala, suscribe, las desgracias sufridas por el pueblo andino, costeño y amazónico; no en vano hemos sido testigos, directos o no, de mucha insania, destrucción, saqueo, y lo más importante de pérdidas de vidas humanas.
En la publicación “El cultivo de coca y sus implicancias en el desarrollo regional caso del departamento de San Martin en los valles del Huallaga Central y Bajo Mayo”, se expresa: “La fuerza de trabajo necesaria para realizar las tareas culturales provienen fundamentalmente del departamento de Cajamarca, siendo la carretera Marginal la que permite su rápido acceso hacia la Selva Alta, lo cual facilita un proceso migratorio intenso que en décadas anteriores se localizó fundamentalmente en el Alto Mayo (Nuevo Cajamarca, Rioja)” (Oscar Muñiz, 1988).
Lo que se quiere decir es que existe una tragedia humana y una desgracia ecológica. En otras palabras, la migración impulsó la salida de cientos de cajamarquinos de su lugar de origen en búsqueda de progreso, y encontró un lugar donde cuajó su cultura con el consiguiente costo ecológico, por el traslado de sus costumbres y forma de trabajar la tierra.
En la década de 1980, cuando se realizaba el diagnóstico ambiental en los departamentos de Junín y Cerro de Pasco, saltaba a simple vista la contaminación que producía una compañía minera de propiedad del Estado peruano, transportando el agua ácida por ciento de metros de tuberías de PBC hacia una laguna, aquella en la parte alta de Cerro de Pasco. El daño era evidente, cárcavas en el suelo por rociado del agua ácida debido a la ruptura de las tuberías de PBC, daño irreparable al agua y fauna lacustre, como el daño a la población que usaba dicha agua para su subsistencia. Todo esto simplemente con el propósito de evitar construir una cancha de relave, o como hoy los técnicos le llaman para abaratar costos, para que el ratio B/C sea favorable para dicha compañía. Caso similar se veía en el accionar de todas las compañías mineras que desaguaban sus desperdicios mineros en el rio Tulumayo, con el consiguiente daño ecológico en todo lo largo del recorrido, perjudicando a la población asentada en dichos lugares, causándoles daños que sabrá Dios si hoy después de 30 años esas mismas criaturas que disfrutaban de un baño debido a las altas temperaturas del lugar se encontraran con vida. Como dejar de mencionar el caso de La Oroya y del rio Mantaro, caso emblemático a nivel mundial de lo que la minería causa por efectos, quiérase o no, de los residuos altamente contaminantes.
Sin duda que por más que se invierta en prevención, el impacto social y ecológico se hará evidente, porque quieran o no, la minería es una actividad altamente contaminante. No es que exista una oposición cerrada a la inversión, mejor dicho es preferible que exista, pero dada la experiencia del pueblo, la desconfianza que tienen y el trauma masivo que soportan es evidente y comprensible su desconfianza. Nos preguntamos si desde el punto de vista legal la población o el Estado se encuentran protegidos de un daño significativo por la explotación minera. La respuesta es que no. Solamente es suficiente mirar en las zonas urbanas el atentado que durante décadas han venido provocando los constructores de edificios, en contra de la razón, de la tranquilidad de la población; es que ni siquiera los gobiernos locales se encuentran respaldados con leyes que sean útiles para la defensa del poblador.
No esta de más decir que los slogans a favor o en contra de CONGA solo sirven para captar a los simpatizantes de tal o cual tendencia, lo que se necesita es que se garantice técnica, científicamente y legalmente, que los impactos que producirá la explotación minera CONGA serán atenuados al mínimo, que el peso de la ley no será la burla de los poderosos, ni la liviandad de las autoridades de turno.
