Oscar Muñiz
Corro
El caso
Odebrecht es y será la continuación del fatídico decenio fujimontesinista que
azoto al Perú en la década de 1990. Sabemos que el saqueo para algunos es su oportunidad
de suerte. Esta gente siempre espera con puñal en mano y con fusil en ristre para
asaltar las riquezas ajenas. Esto es lo que sucede en Perú desde 1535.
La
ignominiosa acción de los sátrapas y de los no tantos siempre está presente.
Dicen los entendidos que el saqueo producido en la última década es más grande
y mortal que los acontecidos con la huida del presidente en plena guerra con
Chile, o las que se le atribuyen al leguiismo y al fujimontesinismo.
Lo cierto es
que después de terminado el gobierno fujimorista, en el año 2000, el gobierno
del presidente Paniagua dejo de barrer en la administración pública y las
fuerzas armadas a los nefastos elementos que la componían. Hoy los resultados
los tenemos a la vista. Partidos políticos, si es que se les pueden llamar
partidos políticos al APRA, a AP o al mismo Fuerza Popular (partido liderado
por la hija del sátrapa Alberto Fujimori llamada Keiko, hoy presa) que son
expertos en complotar o en silenciar cuando se trata de encubrir.
El panorama
institucional es deprimente, con un Congreso de la Republica que solo es un
instrumento más de la corrupción, liderado por Fuerza Popular y el APRA. Un
poder desprestigiado por contar con los últimos cuatro presidentes presos,
fugados o impedidos de salir del país y, un Poder Judicial y la Fiscalía de la
Republica topada de corruptos e incapaces para administrar justicia.
En los últimos
días el Fiscal General ceso en sus cargos a los fiscales que tienen a su cargo
la investigación del caso Lava Jato . Por menores podrán encontrar en la
web.
Por interés
profesional presentamos un extracto de
la “Carpeta de colaboración eficaz 01-20, Expediente 00035-2018-1-5001-JR-PE,
Caso Lava Jato-Perú”.
1. Odebrecht se obliga a entregar al
Ministerio Publico todas las pruebas de los delitos de corrupción y lavado de
activos (y otros delitos conexos) que comprometan a los funcionarios y
servidores públicos peruanos, como también a personas nacionales y jurídicas
nacionales y/o extranjeras con las que consorcio en el país para realizar los
actos de corrupción.
2. Odebrecht se compromete a que Jorge
Henrique Simoes Barata y los funcionarios acogidos a los procesos de delación
de la justicia brasileña se hagan presentes ante autoridad pública peruana para
que rindan su testimonio en las investigaciones y procesos.
3. Odebrecht se compromete a entregar
los elementos extraídos de los soportes electromagnéticos del sistema Drousys y
Mywebday del desaparecido sector de operaciones estructuradas de Odebrecht
relacionados a actos en agravio del Estado peruano.
4. Para acordar el monto de reparación
entre Odebrecht y la Procuraduría Ad-Hoc
es sobre los siguientes casos: Tren Eléctrico, Carretera Interoceánica Sur
tramo 2 y 3, Costa Verde Callo y Vía de Evitamiento Cusco, por los cuales se
habrían firmado seis contratos con el Estado.
5. El pago de reparación civil se pactó
en 610 millones de soles, después de haber ofrecido Odebrecht 297 millones de
soles. El pago será en 15 cuotas anuales, siendo la primera cuota de 80
millones de soles en el 2019.
6. El Estado peruano, por medio de la Procuraduría
Ad-Hoc podrá iniciar acciones de cobro de reparación civil a las empresas
consorciadas con Odebrecht en los anteriores proyectos mencionados.
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