Los doce cuadernillos del caso Fujimori

1. Allanamiento en la casa de la esposa de Vladimiro Montesinos, Trinidad Becerra, para ubicar y ocultar pruebas (videos, documentos, etc.) que pudieran incriminar a Fujimori.
2. Desviar fondos públicos para cancelar una deuda que la empresa del publicista Daniel Borobio, asesor de imagen de Fujimori, mantenía con Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).
3. Por disponer la Interceptación telefónica para interceptar y escuchar conversaciones de políticos, periodistas y otros personajes opositores a su régimen.
4. La desviación de fondos públicos para crear una página Web con el objetivo de desinformar y desacreditar a diversas personalidades opositoras a su gobierno, caso conocido como el de Faisal-Aprodev.
5. Por utilizar fondos públicos para financiar la adquisición de tractores a las corporaciones nacionales de China, a través de diversos dispositivos legales que facilitaron el proceso de adjudicación directa.
6. Por adquirir equipos, maquinarias y medicinas chinas, entre otros bienes, luego de irregulares procedimientos de licitación.
7. Por la utilización de recursos del Estado en beneficio de su ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, a quien indemnizó con 15 US$ millones.
8. Efectuar pagos ilegales a diversos congresistas tránsfugas electos para que se cambien de bancada y que pasen al oficialismo para apoyar el régimen.
9. Desviación de fondos: Disponer de los recursos públicos y donaciones enviadas desde Japón para obras de bien social, en beneficio propio y de sus familiares.
10. Por ordenar, conocer y permitir el secuestro y tortura de personas consideradas como opositoras a su régimen en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
11. Por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, acciones que formaron parte de la estrategia antisubversiva conducida por su gobierno, para eliminar selectivamente a personas que se sospechaba pertenecían a Sendero Luminoso y el MRTA .
12. El caso de los decretos de urgencia, donde se le imputa integrar una organización delictiva que operó entre los años 1990 y 2000, destinada a la comisión de diversos delitos para utilizar los fondos de la privatización en beneficio personal y de terceros.

¿No basta con esto para exigir que lo extraditen al Perú? Si no fuera así, sería una afrenta al pueblo peruano y un descrédito para la justicia chilena.

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