Por Oscar Muñiz
Sin duda, Perú
mantiene, en líneas generales, un crecimiento económico formidable, con exigua
capacidad gerencial y con desigualdades administrativas muy marcadas. En líneas
generales este panorama es el de una administración centralista, con graves
problemas gerenciales regionales y locales. Desde el punto de vista social la
cosa es más seria. Las limitaciones económicas y financieras que impone el
ejecutivo, acompasa al condicionamiento que exige el organismo supra nacional
que se encarga de la fiscalización no solo monetaria. En este contexto la “camisa
de fuerza“y el “fórceps” económico siguen siendo las herramientas preferidas en
cada periodo presupuestal.
Se vive el día
a día con problemas de salud, educación sin resolver, además de los cotidianos,
con problemas de seguridad y jurídico. No quepa duda que la “camisa de fuerza”
cumple su función en las prioridades del gasto, mientras que el “fórceps” ayuda
al nacimiento del nonato progreso, este para satisfacción de una minoría y la
desilusión y rebeldía de la mayoría.
Día a día la
administración central trata los problemas de manera desatinada, produciendo un
ambiente preñado de desconfianza, de enconos, especialmente en los sectores
políticos representados en el legislativo. El rango de los desatinos va desde
un empleo inadecuado del lenguaje hasta tratar de esquivar las
responsabilidades. No hay motivación para superar este lamentable espectáculo,
salvo para escuchar la solicitud de repetir lo acaecido hace veintiún años,
cuando tomaron la decisión de cerrar el Congreso de la Republica, aunque dicho
acto se encuentre hoy sancionado en el Articulo 117 de la Constitución.
El actual ambiente
tiene un límite, pues el sistema operacional del país no soportara mas allá del
juego político que permite la ley. Poner en riesgo el crecimiento económico es
demasiado para algunos, lo que para la mayoría seria un alivio, de lo que no se
percatan es de que a esto se le denomina torpeza política, cuando lo que hace
falta es poner a cada quien en su lugar. Lo que está por verse es ¿quien asume
esta tarea? ¿Habrá alguien con el suficiente carácter moral y ético que
posibilite un nuevo despertar?
De lo que
nos compete, aunque esta de más decirlo, es señalar una infracción
constitucional lo que es bastante grave como para preocuparse, aunque al
parecer es un juego de niños para el Ejecutivo como para el Legislativo. La Constitución
que rige actualmente fue aprobada en 1993 y desde aquella época el artículo
correspondiente a la seguridad económica y financiera del país quedo consignada
en uno de sus artículos que a la letra dice: Art. 86.- El Banco es gobernado por un
Directorio de siete miembros (1). El Poder Ejecutivo designa a
cuatro, entre ellos al Presidente. El Congreso ratifica a este y elige a los
tres restantes con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
Todos los directores del Banco son nombrados por el periodo
constitucional que corresponde al Presidente de la Republica. No representan a
entidad ni interés particular. El Congreso puede removerlos por falta grave. En
caso de remoción, los nuevos directores completan el correspondiente periodo
constitucional.
Desde el
inicio del la administración Humala, este Articulo no se respeta ni cumple,
pues hasta la fecha, 3 (47 %) de los directores del Banco Central de Reserva
del Perú no son elegidos por el poder Legislativo. El último intento abortado
tras una escandalosa designación fue antes del 28 de julio del 2013, lo que
provoco su dimisión. Desde luego que esta “minucia” legal no es óbice para que
el ente responsable de velar por la estabilidad económica del país quede en la
mas ominosa orfandad. ¿Si así puede funcionar el Banco Central porque no
cambiar la legislación? Después de todo el mensaje de confianza a los órganos supra
nacionales está más que justificado.
(1) Actualmente cuenta con cuatro
directores.
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