Oscar Muñiz
En un artículo aparecido en la revista The Economist, el 30
de agosto del 2014, titulado La
criminalización de los negocios estadounidenses, el autor enfoca su interés
en dos cambios que deberían implementarse, según él, al sistema legal. El
primero trata de una división más clara entre el derecho civil y penal, cuando
se trata de empresas, y la segunda es una poda severa del sistema legal.
Con respecto al primer punto el argumento es, que la mayoría
de los casos de malversación corporativa tienen que ver con el dinero y la
competencia de los tribunales civiles. Resulta que si los administradores
individuales han infringido la ley penal deben parar en la cárcel. En el
segundo caso, cuando se fundó América, se refiere a los EUA, solo había tres
crímenes federales específicos, los crímenes por traición, la falsificación y
la piratería. Además argumenta, a inicios de 1990 existían más de 300 mil
estatutos regulatorios para las empresas financieras, en la actualidad existen
tantas leyes con tanta complejidad que hacerlas cumplir seria en base a la discrecionalidad.
No se crea que esto solo sucede en EUA. En Perú la situación
es similar. Desde antes de la conquista existieron tres normas regulatorias en
la sociedad inca que sintetizaban toda su filosofía. Esta se resumía en Ama
Sua, Ama Llulla y Ama Quella, traducido del quechua al castellano
significa No seas ladrón, No seas
mentiroso y No seas ocioso.
Considerando lo dicho pasemos a los hechos. El 28 de agosto
del 2014, el ciudadano peruano común y corriente fue testigo del tristemente célebre
espectáculo ofrecido en el Congreso Nacional por aquellos que se hacen llamar
“padres de la patria” o “congresistas”; prefirieron transigir con las órdenes
que recibieron, que cumplir con la
simple pero trascendental trilogía inca. Tampoco dejan de tener responsabilidad
el presidente de la republica y el ministro de economía y finanzas, quienes fueron
los impulsores de la promulgación de una ley que favorecía a una empresa previsional
que reunía todos los agravantes que sancionan las leyes peruanas, incluida la
Constitución.
Sin duda, de solo escuchar a algunos “padres de patria” no se
podía contener el rechazo. Aun más, cuando ellos no hacían el esfuerzo por
ocultar su impudicia. Lejos de tener sangre en la cara, dejaban en claro su
defensa cerrada a semejante asalto.
Lo cierto es que este escándalo desnuda una vez más al
conductor del gobierno, desmiente a los tucuyricuy modernos, sepulta a todos y a
todas. Las reverberaciones de tal acontecimiento serán minimizados por aquellos
que viven sin sanción. Tampoco habrá cárcel para ellos.
Si se considera pírrico el triunfo de la mayoría, no solo
seria mezquino no darle por esta vez el reconocimiento que se merece; mucho
peor, seria no apoyar con firmeza al logro de haber desenmascarado a los
corruptos, sea cual fuera su pelaje.
La mayoría de peruanos no se merecen este trato, no se merecen
el actual nivel de corrupción. No solo esto, sino también la presencia del
narcotráfico en los asuntos de la gobernabilidad del país, el nivel de
criminalidad y la sensación de zozobra.
¿Este solo hecho significa que otros gobiernan el Perú?
