Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016

Oscar Muñiz

“Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. (Articulo N° 44, Constitución Política del Perú 1993).

El Perú, país que en los últimos cincuenta años atravesó por singulares rebeliones, tanto políticas como militares, guarda en la memoria colectiva los recientes actos ejecutados contra los derechos humanos por el gobierno dictatorial 1990 y 2000, y también por las fuerzas terroristas y sus remanentes.

Téngase presente, que el Plan de DD.HH. 2006-2010, fue aprobado por Decreto Supremo N° 021-2010-JUS de fecha 29 de diciembre de 2010 y prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2011, documento conocido como “PlanNacional de Derechos Humanos 2006-2011” .

En esta oportunidad el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, fue aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2014-JUS, publicado el 05 de julio de 2014, el cual “Es una herramienta de control político y social que el Ejecutivo estable para que los diez y ocho ministerios en el desarrollo de sus planes sectoriales tengan un enfoque de derechos fundamentales” (José Ávila, vice ministro de DD.HH.)

El PNDD.HH. aprobado por el actual gobierno esperemos que permita garantizar la defensa de los derechos fundamentales del ciudadano. El Plan se compone de cuatro ejes estratégicos:

1° Mejorar el nivel de cultura de los derechos fundamentales en el país (Deberes y Derechos)

2° Presencia del PNDD.HH. en todos los planes sectoriales del Estado

3° Presencia del PNDD.HH. en el desarrollo de políticas de protección de los grupos vulnerables

4° Perfeccionamiento del ordenamiento jurídico a través de la ratificación de los instrumentos internacionales.

Hoy más que nunca los ciudadanos, peruanos y extranjeros, requieren no solamente de esta norma legal, más bien requieren que se cumpla. Frente a la inseguridad ciudadana, frente a la generalizada corrupción y al crimen organizado, y a un poder judicial inexistente y corrupto como también lo es  la policía nacional, el ciudadano común y corriente, exige una limpieza institucional de los malos funcionarios, agilidad en el procesamiento de la justicia, y penas más efectivas para aquellos que vulneren la ley.